Publicado el 3 de septiembre de 2025 por Frayba.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
3 de septiembre de 2025
Boletín No. 07
ONU ordena al gobierno de México la liberación inmediata de los cinco defensores tseltales de San Juan Cancuc
- El caso de los cinco presos de San Juan Cancuc se inscribe en un patrón sistemático de criminalización contra personas defensoras indígenas de derechos humanos, la tierra y el territorio en Chiapas.
En la Opinión 21/2025, publicada el 17 de mayo de 2025, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pronunció sobre el caso de los cinco defensores comunitarios tseltales de San Juan Cancuc privados arbitrariamente de la libertad desde junio de 2022, recluidos en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 5, en San Cristóbal de Las Casas, acusados injustamente del homicidio de un policía municipal.
El Grupo de Trabajo señala que el Estado mexicano no tuvo respuestas a diversos alegatos, tampoco está convencido de que las autoridades hayan cumplido con los procedimientos legales para llevar a cabo las detenciones en contra de los cinco. Asimismo, refirió que tras su visita a México en septiembre de 2023, reiteró que la prisión preventiva oficiosa vulnera el derecho a la libertad, así como a la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley.
Resaltó que hubo irregularidades en la detención, ya que no se cumplieron los procedimientos legales; violaciones al derecho a la libertad y al debido proceso; juicio injusto y discriminación por su condición indígena, y por ser defensores de derechos humanos y del territorio. En este sentido, el Grupo de Trabajo pide al Estado mexicano la liberación inmediata de los cinco presos maya tseltales de San Juan Cancuc, y una reparación integral.
Además, insta al Gobierno a llevar a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de los cinco defensores, y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos. Es de responsabilidad del Estado mexicano cumplir sin dilaciones los puntos ordenados por la opinión.
El Grupo de Trabajo reconoce que el caso de los cinco presos de San Juan Cancuc se inscribe en un patrón sistemático de criminalización contra defensores indígenas de derechos humanos, la tierra y el territorio en Chiapas. Desde 2020 se han documentado al menos siete casos con acusaciones infundadas, detenciones arbitrarias, tortura y condenas basadas en pruebas fabricadas, reforzadas por la figura de prisión preventiva oficiosa.
Recordamos que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), a partir de la documentación y el acompañamiento jurídico realizado, señaló diversas violaciones en perjuicio de los defensores comunitarios como: detención arbitraria, desaparición forzada e incomunicación, criminalización por su identidad indígena y por la defensa del territorio, fabricación de delitos, violaciones al debido proceso, traducción deficiente e ineficaz, falta de imparcialidad de la jueza, peritajes contradictorios y practicados por personas sin cédula profesional, así como actos de maltrato procesal. Fue por la gravedad de estas irregularidades que el Frayba decidió remitir el caso al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU.
Se resaltó el contexto del municipio de San Juan Cancuc, donde la oposición comunitaria a la imposición de megaproyectos como presas hidroeléctricas, la “supercarretera” San Cristóbal – Palenque y la militarización del territorio ha generado una respuesta represiva del Estado, utilizando la criminalización para atemorizar, inhibir y desmovilizar a las comunidades indígenas. Esta práctica constituye una forma de castigo ejemplar contra quienes ejercen la defensa de derechos, expresando además un racismo estructural que afecta principalmente a personas tseltales en Chiapas.
Actualmente se encuentra pendiente de estudio un nuevo juicio de amparo por este caso. Es por ello que hacemos un enérgico llamado al Poder Judicial de la Federación, para que efectúe un estudio profundo del caso, tomando en consideración la Opinión del Grupo de Trabajo, a efecto de que se emita una sentencia que repare plenamente sus derechos, con énfasis en la recuperación de la libertad.
Hacemos un llamado a la Secretaria de Gobernación federal, a la instauración de un diálogo para su cumplimiento, recordando que el Grupo de Trabajo fijó un plazo de seis meses para que el Estado informe si les ha puesto en libertad y reparado integralmente. Instamos a las organizaciones nacionales e internacionales, así como a la sociedad mexicana a velar por el cumplimiento de dicha opinión.
¡LIBERTAD PARA LOS 5 DE CANCUC!
¡ALTO A LA FABRICACIÓN DE CULPABLES EN CHIAPAS!